El Consejo de Gobierno se ha dado por enterado de varias contrataciones de emergencia a cargo del Servicio de Salud de las Illes Balears por valor de 132.050 euros. Estas responden a la necesidad de disponer de determinados servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en el marco de la lucha contra la COVID-19.
Las contrataciones corresponden a diferentes áreas de gestión:
Servicios Centrales:
- Servicios logísticos para la distribución de la vacuna JANSSEN con la empresa Logista Pharma, SA , designada por el Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para distribuirla en las comunidades autónomas, por el importe inicial de 35.000 euros.
Área de Salud de Menorca:
- Cierre con puertas de aluminio de 6 boxes en el área del hospital de día del Hospital Mateu Orfila para contribuir a limitar la expansión de la COVID-19, por 11.790 euros.
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, por el importe total de 85.260 euros:
- Servicio extraordinario de alquiler de vehículos para la atención domiciliaria de pacientes diagnosticados o sospechosos de sufrir la COVID-19, así como para la atención domiciliaria de la población en el marco de la estrategia y campaña de vacunación contra la COVID-19, o para cualquier otra actividad asistencial domiciliaria que pueda surgir en un contexto de emergencia de salud pública, imprevista y necesaria, ocasionada por esta enfermedad, por el importe de 31.260 euros.
- Servicio extraordinario de limpieza para reforzar el servicio en las instalaciones de la Central de Coordinación COVID-19, ubicada en el polígono de Son Valentí, en el Palacio de Congresos y en el centro COVID exprés de Manacor. El importe es de 54.000 euros.
Hay que destacar que todas estas contrataciones se financian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de las Illes Balears autorizado por la Comisión Europea. Esta redistribución de las ayudas europeas se enmarca en la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el uso de los fondos de cohesión para reforzar los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria.
El mes de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de la declaración del estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ello supuso que a todos los contratos subscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.
[Fuente: Consejería de Salud y Consumo. 22/03/2021]
[Foto: NIH Image Gallery / Novel Coronavirus SARS-CoV-2 / Public Domain Mark 1.0]