La presidenta del Gobierno de las Illes Balears, Francina Armengol, y la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, han mantenido una reunión con los representantes del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de las Illes Balears (CERMI) y de la Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Balears (UNAC), en la que se ha mostrado la unidad del sector en cuanto a la necesidad de exigir al Estado una mejora de la financiación de la Ley de Dependencia.
"Como mínimo queremos volver al modelo anterior al Real Decreto de 2012, con una financiación basada en un nivel mínimo y un nivel acordado”, ha reconocido Santiago, planteada así en un inicio para repartir a partes iguales el gasto entre las comunidades autónomas y el Estado. Actualmente, en cambio, "el peso económico del mantenimiento de la Ley de dependencia recae sobre las comunidades, para una ley que es estatal y que, cuando se aprobó, contaba con un apoyo unánime".
El encuentro ha servido para fijar la posición del Gobierno balear en la próxima Conferencia de Presidentes, en relación con este asunto, y determinar otras reclamaciones, como la posibilidad de volver a dar de alta a un régimen específico de la Seguridad Social a los cuidadores que no cuentan con un trabajo. Su incorporación, según ha explicado Santiago, era posible "cuando nació la Ley y después desapareció", motivo por el que se pide una modificación de la Ley que de nuevo permita concluir "que cuidar a una persona con dependencia es un trabajo social que tiene que ser reconocido por la Administración".