Ante la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Consell de Govern acordó establecer medidas organizativas en la función pública con el fin de proteger los empleados y empleadas públicas, garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales, y a la vez, cumplir con las obligaciones de confinamiento que se han declarado.
A día de hoy, 17.326 trabajadores y trabajadoras públicas de consellerias y entes públicos adscritos están haciendo trabajo en remoto, desde sus hogares, lo cual supone un 84,7% de toda la plantilla de personal de la Función Pública de esta comunidad autónoma (exceptuando al personal estatutario del Servei de Salut).
Desde la Dirección General de Modernización y Administración Digital para posibilitar el teletrabajo mediante la adaptación de herramientas telemáticas. Reduciendo así el personal que hace trabajo en los servicios de atención al público y potenciando los procedimientos telemáticos.
El 15,3% trabajadores públicos que desarrollan sus tareas de manera presencial en sus lugares de trabajo para garantizar los servicios públicos y esenciales (actualmente 3.128 personas), se han adoptado medidas para que las lleven a cabo en condiciones adecuadas de seguridad, para evitar riesgo de contagio. Siempre siguiendo las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la CAIB.
Ante esta situación excepcional, han quedado interrumpidos todos los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público. Esto implica la suspensión de los procedimientos en tramitación durante el periodo de estado de alarma, lo cual permite las restricciones en los registros de todas las dependencias administrativas y en los servicios de atención al público.
[Fuente: Consejería de Administración Pública y Modernización. 25/03/2020]
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