La Comisión Europea ha adoptado una propuesta que obligará a las empresas farmacéuticas a pagar impuestos específicos para actividades de farmacovigilancia en todo la Unión Europea.

Las medidas son una consecuencia de la legislación de la UE y se encuentran pendiente de discusión en el Consejo y el Parlamento Europeos.
 
Todo ello con la finalidad de augmentar la calidad, seguridad y eficacia en los medicamentos de uso humano.
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En el Diario Oficial de la Unión Europea se publican las directrices de 8 de marzo, sobre prácticas corrrectas de distribución de medicamentós para uso humano, basadas en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. A través de ellas se establecen herramientas para ayudar a los distribuidores mayoristas a realizar sus actividades y se evita la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Su cumplimiento garantizará el control de la cadena de distribución y mantendrá la calidad y la integridad de los medicamentos.

La distribución al por mayor de medicamentos es una actividad importante en la gestión integrada de la cadena de suministro. Cualquier persona que actúe como distribuidor mayorista ha de ser titular de una autorización de distribución al por mayor.

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El BOE de 26 de febrero de 2013 publicó la resolución por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y se establece visado para los medicamentos que han sido excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, pero permanecen financiados excepcionalmente para las indicaciones establecidas, en función del grupo terapéutico al que pertenecen.

Los medicamentos excluidos quedan recogidos en el anexo 1 de la resolución del BOE, donde también se especifican las razones por la que se excluyen.

El establecimiento de visado se recoge en el anexo 2, explicando los motivos del establecimiento de este procedimiento y la lista de los medicamentos objeto de visado.

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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha hecho públicos los datos del gasto farmacéutico correspondientes al mes de octubre. El gasto farmacéutico es de 768.797.853 euros, el cual supone una reducción del 17,81% en relación al mismo mes del año anterior. En lo que va de año, el ahorro total en farmacia asciende a 1.061,29 millones de euros.

En lo que hace referencia a las Illes Balears, la reducción del gasto farmacéutico de octubre del 2012 con respecto al mismo mes del año anterior es del 15,27%. El ahorro en lo que va de año, referenciado al año anterior es del 9,99%.

También ha experimentado una reducción importante el número de recetas facturadas en la comunidad, el cual ha disminuido en un 8,93% en octubre de 2012, con respecto al mismo mes del año anterior, y un 2,21% en lo que va de año, si se referencia al año anterior.

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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un Real decreto que simplifica la prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes de uso humano. El objetivo es mejorar el acceso a los pacientes y rebajar la burocracia a los profesionales.

La norma forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

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El BOE del 17 de agosto publica la resolución por la cual se actualiza la lista de medicamentos que queda excluida de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

La exclusión de los medicamentos incluidos en dicha resolución viene motivada por alguna de las causas siguientes: el establecimiento de precios seleccionados, la convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte principio activo y dosis, la consideración del medicamento como publicitario en nuestro entorno europeo, que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso, por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores, y por cumplir cualquiera de los criterios de no inclusión en financiación pública.

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