Instituciones sanitarias

La Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha analizado en una reunión la oportunidad de solicitar, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera, hasta que se resuelva definitivamente el recurso contencioso-administrativo contra el citado real decreto que estudia plantear ante el Tribunal Supremo.

Así lo ha explicado la consejera de Salud, Patricia Gómez, que se ha reunido con responsables de los servicios jurídicos de la Conselleria, jefes del Servicio de Salud y representantes de los sindicatos y de las organizaciones profesionales para abordar los efectos de esta norma, aprobrada por el Gobierno central y que entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2015.

En el BOE núm. 9, de día 11 de enero de 2016, se ha publicado la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2015 con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre el Protocolo General de Colaboración en materia de drogodependencias.

El convenio se suscribió entre don Francisco de Asís Babín Vich, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en nombre y representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y doña Patricia Gómez Picard, consejera de Salud de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el pasado mes de septiembre.

El Ministerio de Sanidad financiará el Programa de Atención de Drogodependencias y otras adicciones en diferentes ámbitos de actuación, por un importe de 294.000,00 euros.

De acuerdo con lo estipulado en sus Estatutos, la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears —adscrita a la Consejería de Salud— ha presentado al Consejo de Gobierno su Plan de Actuación para 2016, que incluye los objetivos para todo el año, los indicadores, las líneas de actuación necesarias para conseguirlos, un plan económico y financiero, y las previsiones relativas a los recursos humanos y las tecnologías de la información, todo ello en el marco del presupuesto aprobado por la entidad para 2016.

Así, los objetivos del Plan, que fue aprobado por el Patronato de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears, el 14 de diciembre de 2015, son llegar, con las mayores garantías transfusionales, a la autosuficiencia en materia de hemodonación; llegar también, con las mayores garantías de seguridad, a la autosuficiencia en materia de tejidos; todo ello, con la máxima eficiencia de los recursos, tanto materiales como de personal. Otro objetivo es potenciar la actividad del banco de tejidos en todas las líneas de acción: banco osteotendinoso, banco de ojos, banco de leche materna, laboratorio de biología molecular, banco de cordón umbilical, etc.

A propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto para la licitación del contrato correspondiente al servicio de transporte sanitario terrestre urgente para Menorca, Eivissa y Formentera, por valor de 2.070.000 €, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2016.

El Servicio de Salud de las Illes Balears apuesta por un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre y por lo tanto ha decidido reconvertir la situación actual con la modificación de los dos contratos existentes. Se pretende, por un lado, unificar un lote de transporte terrestre programado para las cuatro islas y, por otro, configurar otro lote para el transporte urgente de las cuatro islas.

Hasta ahora, el contrato del transporte terrestre programado para las cuatro islas (que ya ha expirado) incluía además el transporte urgente de Menorca, Eivissa y Formentera. Por otro lado, sigue vigente el contrato para el transporte terrestre urgente de Mallorca.

A propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto correspondiente al Servicio de Hemodiálisis en centros de diálisis extrahospitalarios para usuarios derivados por el Servicio de Salud, por valor de 20.720.000 €, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el periodo 2016-2020.

La contratación de dicho servicio viene determinada por la necesidad de administrar los tratamientos de hemodiálisis —una prestación que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud— a los pacientes con insuficiencia renal. Se trata de pacientes derivados por los servicios de nefrología del Hospital Universitario Son Espases (con previsión de actividad de unas 20.000 sesiones), del Hospital Son Llàtzer (10.000 sesiones) y del Hospital Comarcal de Inca (5.000 sesiones).

Unos doscientos enfermeros y enfermeras de Baleares han pedido la suspensión del Real Decreto 954/2015, sobre la regulación de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, en una reunión informativa y posterior debate, celebrada el pasado jueves en el Hospital Son Llàtzer.

Entre los ponentes que han colaborado en la mesa informativa encontramos: por parte del Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares (COIBA), la presidenta, Rosa María Hernández, Pedro Rubén Martín Montañez, Vocal Comisión Deontológica COIBA y José Mª. Fernández Port, abogado; el Dr. Juan de Pedro Gómez, decano Facultad de Enfermería i Fisioterapia de la Universidad de las Illes Balears; Carlos J. Villafáfila Gomila, subdirector de Cuidados Asistenciales y Atención al Usuario del IB-Salut; Apolonia Esteva Arrom, secretaria de la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria; Margarita Alomar Castell, presidenta de la Asociación Balear de Parteras; Jorge Tera Donoso, de SATSE; Antonio Juan Palmer, de UGT, e Isabel A. Bernardo Cera, de CCOO. Todos ellos han realizado una petición unánime de suspensión del Real Decreto.

El pasado lunes tuvo lugar en la Universidad de las Illes Balears (UIB) el acto de reconocimiento a los 300 voluntarios que participan en el proyecto de investigación PREDIMED-PLUS, en el que participan los servicios de Cardiología y de Medicina Interna del Hospital Son Llàtzer.

En el acto intervinieron el director general de Innovación e Investigación, el Sr. Josep Lluís Pons; el director asistencial del Hospital Son Llàtzer, el Dr. José M. Gámez; el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Son Llàtzer, el Dr. Tomàs Ripoll; las dietistas del proyecto PREDIMED-PLUS, las señoras Alícia Julibert y Caterina Terrassa; el director del Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud de la UIB e investigador principal del proyecto PREDIMED-PLUS, el Dr. Josep A. Tur; y el Rector de la UIB, el Dr. Llorenç Huguet.

El Colegio Oficial de Enfermería de Baleares (COIBA) ha publicado un comunicado en el que lamenta profundamente la difícil situación que provoca la entrada en vigor del Real Decreto que regula la prescripción enfermera para los pacientes y los profesionales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre y publicado en el BOE del pasado 23 de diciembre de 2015.

La presidenta del COIBA, Rosa María Hernández, ha manifestado que "es una lástima como se ha regulado la prescripción enfermera. Este Real Decreto es el resultado de las negociaciones de la Mesa de la Profesión Enfermera y del Gobierno central, que ignora la formación y las competencias de las enfermeras, las necesidades de los pacientes y nuestra realidad asistencial".

La consejera de Salud, Patricia Gómez, se ha manifestado en contra del Real Decreto de prescripción enfermera aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre de 2015 y que entrará en vigor hoy, después de que se publicase ayer en el BOE. La consejera ha manifestado que “estamos totalmente en contra del contenido de este Real Decreto porque supone un acto de absoluta irresponsabilidad, que va en contra de la realidad sanitaria y no responde a las necesidades de los pacientes”.

El texto establece que los médicos, odontólogos y podólogos, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los únicos profesionales con facultad para recetar. Por lo tanto, los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación, no podrán administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica a seguir.

La entrada en vigor del Real Decreto no sólo no soluciona el problema del vacío legal que afecta a la actividad del personal de enfermería, sino que agrava la situación imponiendo una prohibición que sin motivo alguno quita autonomía a los profesionales que realizan una tarea asistencial con formación y eficiencia probadas.

En el BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2015, se ha publicado el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Tanto la anterior Ley, como el actual texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, disponen que los médicos, los odontólogos y los podólogos son los únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.

En la actualidad, el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, confiere a los enfermeros la facultad para, de forma autónoma, indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios de uso humano relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación.

Así pues, es objeto de este Real Decreto regular, en el marco de los principios de la atención integral de la salud y para la continuidad asistencial, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en relación con los artículos 7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, las siguientes actuaciones: