Tal como anunció el Gobierno balear, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 954/2015, de prescripción enfermera, a la vez que ha pedido como medida cautelar que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva definitivamente el recurso interpuesto.

Hay que recordar que, a propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno acordó autorizar a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-admi­nistrativo contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medi­camentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

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A propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto correspondiente a la contratación de la prestación del tratamiento de oxigenoterapia con cámara hiperbárica a pacientes de Mallorca, por valor de 1.940.367 €, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para los años 2016-2020.

La terapia con cámara hiperbárica ha demostrado ser una herramienta imprescindible en determinadas afecciones agudas, y la experiencia ha permitido comprobar sus buenos resultados clínicos. Desde 2006 la prestación de tratamientos con cámara hiperbárica a cargo del Servicio de Salud se ha canalizado por medio de contratos suscritos con Policlínica Nuestra Señora del Rosario para los pacientes de Ibiza y Formentera, y con Medisub Recerca, SL, para los de Mallorca y Menorca.

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A propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto correspondiente a la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears, por valor de 4.600.000 €, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para los años 2016, 2017 y 2018.

La contratación del seguro de responsabilidad patrimonial es adecuada para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad profesional, de explotación y patronal o por accidente de trabajo que durante la vigencia del contrato de seguro pueda corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al Servicio de Salud de las Illes Balears como consecuencia de los daños corporales o materiales y perjuicios causados a terceros en el transcurso de su tarea asistencial.

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La Consejería de Salud, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y la Asociación Escuela en Paz han prorrogado el convenio de colaboración existente desde el año 2002 con el fin de atender las necesidades asistenciales de los refugiados. Han asistido a la reunión la consellera de Salud, Patricia Gómez; el ministro de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Lamin Dadi; el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Catalina Rosell, y la Asociación Escuela en Paz, Carme Barceló.

La Consejería de Salud y el Servicio de Salud adquieren por dicho convenio los siguientes compromisos:

  • Facilitar los medios humanos, sanitarios, curativos y preventivos necesarios para atender a este colectivo acogido a proyectos de las dos asociaciones, en las mismas condiciones que el resto de residentes de las islas.
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En el BOIB núm. 2, de 2 de febrero de 2016, se ha publicado la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears, por la que se crean y se regulan los comités de seguimiento de la actividad asistencial de los sectores sanitarios del Servicio de Salud.

Los comités están formados por:

  • El presidente del Consejo de Dirección del Servicio de Salud (o la persona en quien delegue), que ocupa la Presidencia.
  • El director general del Servicio de Salud (o la persona en quien delegue).
  • El director asistencial del Servicio de Salud.
  • Los directores gerentes de los centros de atención especializada, del 061 y de atención primaria incluidos en cada comité de seguimiento.
  • Un vocal de cada uno de los ayuntamientos del sector sanitario.
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La consejera de Salud, Patricia Gómez, se ha reunido con el gerente de Cruz Roja Baleares, Biel Roig; la directora médica, Elda Cecilia La Rosa Santos, y la directora de enfermería, Maria Mercè Creu Quesada. A la reunión ha asistido también el director del Servicio de Salud de las Illes Balears, Juli Fuster.

El Hospital Cruz Roja forma parte de la red asistencial pública de Baleares mediante un convenio singular entre el Servicio de Salud y el centro sin ánimo de lucro, que este año se ha visto incrementado en 1,45 millones de euros, llegando a los 5 millones de euros anuales.

Dentro de este ámbito de colaboración, el Servicio de Salud ha ampliado la derivación de actividad de oftalmología, pruebas diagnósticas, intervenciones de traumatología, así como un aumento del número de camas para pacientes crónicos.

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El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. El Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera establece que los médicos, los odontólogos y los podólogos son los únicos profesionales con facultad para recetar.

Los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación que los odontólogos y los podólogos, no pueden administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica a seguir, aunque el enfermero tenga más formación y experiencia en el proceso asistencial y conozca mejor las guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica en procesos específicos que lidera y desarrolla con los usuarios de forma rutinaria.

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La consejera de Salud, Patricia Gómez, se ha reunido con una representación del Ayuntamiento de Santa Margalida encabezada por el alcalde, Martí Torres; el teniente de alcalde, Joan Monjo, y la concejala de Salud, Joana Llull. A la reunión también han asistido el director general de Planificación, Evaluación y Farmacia, Joan Pou, y el jefe de la Unidad Básica de Salud de Santa Margalida, Arturo Arenas.

La Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Santa Margalida han acordado disponer de un solar municipal para ubicar la nueva unidad básica contemplada dentro del Plan de Infraestructuras del Servicio de Salud, que prevé la renovación de las instalaciones que se han quedado obsoletas. Asimismo, la Consejería y el Ayuntamiento han revisado la cartera de servicios de las unidades básicas de Santa Margalida y Can Picafort con el fin de estudiar la posibilidad de ampliarlas en un futuro.

La Unidad Básica de Salud de Santa Margalida atiende a un total de 2.968 tarjetas sanitarias de adultos y 348 tarjetas de niños. El centro cuenta con 2 médicos de familia, 3 enfermeras y 1 pediatra.

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El ministro en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, acompañado por el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha manifestado en rueda de prensa que España ha registrado un año más el mayor incremento en el número de donantes en la historia de la ONT en 2015, conseguiendo la cifra de 39,7 donantes por millón de población y un total de 4.769 pacientes trasplantados. El número diario de trasplantes diarios ha sido de 13.

Respecto al 2014, los trasplantes también han aumento en un 9,4 %.

En las Baleares el número de donantes fue de 52 el 2015 y de 42 el 2015.

Todo ello, según Alonso, dando cumplimiento a la Estrategia 2015 y a las medidas desarrolladas por la ONT, la promoción de la donación en asistolia y la colaboración, sobre todo de los médicos de urgencias, en la detección de donantes.

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La Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha analizado en una reunión la oportunidad de solicitar, como medida cautelar, la suspensión de la aplicación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera, hasta que se resuelva definitivamente el recurso contencioso-administrativo contra el citado real decreto que estudia plantear ante el Tribunal Supremo.

Así lo ha explicado la consejera de Salud, Patricia Gómez, que se ha reunido con responsables de los servicios jurídicos de la Conselleria, jefes del Servicio de Salud y representantes de los sindicatos y de las organizaciones profesionales para abordar los efectos de esta norma, aprobrada por el Gobierno central y que entró en vigor el pasado 24 de diciembre de 2015.

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