Salud Pública

La consellera de Salud, Patricia Gómez, se reunió con Joan Lluís Llull, presidente de la Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears (ALAS), y Joan Viver, coordinador de la entidad, para informar sobre la implantación de la PrEP (profilaxis preexposición) como tratamiento para prevenir los contagios de VIH en grupos de riesgo.

En la reunión también estuvieron presentes la directora general de Salud Pública y Participación, Maria Ramos, y el director general de Evaluación, Planificación y Farmacia, Benito Prósper.

Gómez explicó a los representantes de ALAS que en estos momentos el Ministerio de Sanidad espera la aprobación de la Comisión Nacional de Salud Pública para iniciar la implantación de este tratamiento en la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y aclaró que Balears ha sido una de las comunidades autónomas que ha solicitado la aprobación de dicho tratamiento ya que ha demostrado que disminuye la transmisión del VIH en grupos de riesgo. 

"El ictus es una de las patologías de alto impacto en términos de salud, con importantes costes personales, familiares y sociales y, por tanto, es una preocupación para todos los responsables políticos" manifestó la consellera de Salud, Patricia Gómez, quien añadió que cerca de 500 personas mueren al año en las islas por esta causa y que uno de cada seis baleares padecerá un ictus durante su vida.

Gómez facilitó estos datos durante la bienvenida a los asistentes a la reunión de ICTUSNET, proyecto europeo financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que cuenta con un presupuesto total de más de 1.700.000 euros. Su objetivo es promover la colaboración en investigación e innovación con el fin de mejorar la atención integrada y la calidad de vida de los pacientes afectados por un ictus; todo ello, con el apoyo de nuevas tecnologías de análisis de datos y de una red de excelencia de agentes, que tendrán la oportunidad de compartir información, experiencias y buenas prácticas.

Al encuentro, en cuya organización participaron la Dirección General de Planificación, Evaluación y Farmacia, y el Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, asistieron más de un centenar de profesionales de diez organizaciones de Aragón, Illes Balears, Catalunya, Navarra, Occitania y norte de Portugal. Además, ICTUSNET cuenta con una red de 35 entidades europeas asociadas del ámbito público y privado, con una mayoría de hospitales y centros sanitarios.

En la quinta sesión del Consejo LGTBI de las Illes Balears, se presentó el Protocolo de atención sanitaria para las personas trans* en las Illes Balears y se informó sobre la publicación de la Guía de recomendaciones para el buen trato de las personas LGTBI en el entorno laboral.

El protocolo sanitario da respuesta a la necesidad de ofrecer una guía para proporcionar una atención integral, personalizada y respetuosa con la autodeterminación de género a las personas trans* en los servicios públicos de salud de las Illes Balears.

El documento definitivo es fruto de un proceso consensuado entre la administración, las entidades representativas del colectivo y el resto de agentes que ha participado.

Se trata de un protocolo centrado en el usuario y en el que la función del profesional es la de acompañarle y aportarle las herramientas necesarias para llevar a cabo su proceso y en el que la transexualidad se concibe como una forma más de diversidad. De hecho, se utiliza el término trans*, ya que se trata de un concepto que permite reflejar la realidad diversa de las personas que se autodefinen, o no, como transexuales, transgénero, trans, no binarias, de género fluido, de género neutro, o, en definitiva, de las personas de género no normativo. Por otra parte, cabe destacar también que incorpora tanto los mayores de edad como los menores de edad, ya que se considera que también tienen derecho a la autodeterminación de género. 

El servicio de atención social y acompañamiento a víctimas de violencias machistas y por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género recibió el año 2018 un total de 2.823 llamadas, de las cuales, 2.224 han sido por violencias machistas y 14 por temas LGTBI. El resto de llamadas, 556, son sin registro y por lo tanto son por otros temas como demandas de información concretas.

Estas cifras implican un 65 por ciento más de llamadas por violencia machista en comparación con el año 2017.

El mes con un mayor volumen de llamadas fue septiembre.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde abril de 2018 se diferencia entre llamadas por violencia de género urgentes y no urgentes.

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha trasladado al Consejo de Ministros el informe sobre las políticas de discapacidad presentado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Entre otras se destacan las siguientes medidas incluidas en el informe:

Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud

En enero, se aprobó la actualización del catálogo común de la prestación ortoprotésica. Se ncluyen 48 nuevos tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales y se amplían indicaciones de algunos ya existentes que cubrirán necesidades hasta ahora no atendidas.

El Consell de Govern ha aprobado el gasto previsto para contratar las obras del Laboratorio de Salud Pública, ubicado en el Hospital General de Palma, al objeto de mejorar sus instalaciones y servicio.

En el BOIB núm. 36, de día 19 de marzo de 2019, se ha publicado la esolución relativa a la ampliación del concierto del servicio de apoyo en la vivienda para personas con diagnóstico de salud mental grave para el año 2019, en la isla de Mallorca, con la entidad Fundación Es Garrover.

La consejera de Salud, Patricia Gómez y el consejero de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, presidieron la constitución del Consejo rector del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL).

El IBASSAL, nació con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, cuenta este año con un presupuesto de 4 millones de euros, que permitirán desarrollar el plan de actuaciones para 2019.

Este Instituto tiene como principales finalidades la realización de una actividad preventiva, con un posterior seguimiento; asesoramiento, colaboración y apoyo técnico; ejecución de planes y programas; coordinación de las competencias en salud y en salud laboral y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la prevención.

En esta línea, el Consejo rector aprobó el plan de actuaciones para el presente ejercicio. 

La Consejería de Servicios Sociales y Cooperación presentó las primeras plazas de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental en la comarca de Llevant. Se trata de una vivienda cedida por el Ayuntamiento de Manacor a la entidad Estel de Llevant, que ofrece 10 plazas concertadas por la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación a personas con trastorno mental.

Actualmente, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación ofrece, sea por gestión directa o concertada con entidades, 92 plazas de vivienda supervisada, 81 plazas de apoyo a la vivienda, 85 plazas de servicio de acompañamiento y 271 plazas de servicio ocupacional a todas las islas.

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presidió el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que informó a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección.

El anteproyecto establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre las novedades más importantes se encuentra el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.