En la quinta sesión del Consejo LGTBI de las Illes Balears, se presentó el Protocolo de atención sanitaria para las personas trans* en las Illes Balears y se informó sobre la publicación de la Guía de recomendaciones para el buen trato de las personas LGTBI en el entorno laboral.

El protocolo sanitario da respuesta a la necesidad de ofrecer una guía para proporcionar una atención integral, personalizada y respetuosa con la autodeterminación de género a las personas trans* en los servicios públicos de salud de las Illes Balears.

El documento definitivo es fruto de un proceso consensuado entre la administración, las entidades representativas del colectivo y el resto de agentes que ha participado.

Se trata de un protocolo centrado en el usuario y en el que la función del profesional es la de acompañarle y aportarle las herramientas necesarias para llevar a cabo su proceso y en el que la transexualidad se concibe como una forma más de diversidad. De hecho, se utiliza el término trans*, ya que se trata de un concepto que permite reflejar la realidad diversa de las personas que se autodefinen, o no, como transexuales, transgénero, trans, no binarias, de género fluido, de género neutro, o, en definitiva, de las personas de género no normativo. Por otra parte, cabe destacar también que incorpora tanto los mayores de edad como los menores de edad, ya que se considera que también tienen derecho a la autodeterminación de género. 

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El servicio de atención social y acompañamiento a víctimas de violencias machistas y por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género recibió el año 2018 un total de 2.823 llamadas, de las cuales, 2.224 han sido por violencias machistas y 14 por temas LGTBI. El resto de llamadas, 556, son sin registro y por lo tanto son por otros temas como demandas de información concretas.

Estas cifras implican un 65 por ciento más de llamadas por violencia machista en comparación con el año 2017.

El mes con un mayor volumen de llamadas fue septiembre.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que desde abril de 2018 se diferencia entre llamadas por violencia de género urgentes y no urgentes.

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La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha trasladado al Consejo de Ministros el informe sobre las políticas de discapacidad presentado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Entre otras se destacan las siguientes medidas incluidas en el informe:

Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud

En enero, se aprobó la actualización del catálogo común de la prestación ortoprotésica. Se ncluyen 48 nuevos tipos de productos de sillas de ruedas, órtesis y ortoprótesis especiales y se amplían indicaciones de algunos ya existentes que cubrirán necesidades hasta ahora no atendidas.

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La consejera de Salud, Patricia Gómez y el consejero de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, presidieron la constitución del Consejo rector del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL).

El IBASSAL, nació con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, cuenta este año con un presupuesto de 4 millones de euros, que permitirán desarrollar el plan de actuaciones para 2019.

Este Instituto tiene como principales finalidades la realización de una actividad preventiva, con un posterior seguimiento; asesoramiento, colaboración y apoyo técnico; ejecución de planes y programas; coordinación de las competencias en salud y en salud laboral y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la prevención.

En esta línea, el Consejo rector aprobó el plan de actuaciones para el presente ejercicio. 

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La Consejería de Servicios Sociales y Cooperación presentó las primeras plazas de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental en la comarca de Llevant. Se trata de una vivienda cedida por el Ayuntamiento de Manacor a la entidad Estel de Llevant, que ofrece 10 plazas concertadas por la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación a personas con trastorno mental.

Actualmente, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación ofrece, sea por gestión directa o concertada con entidades, 92 plazas de vivienda supervisada, 81 plazas de apoyo a la vivienda, 85 plazas de servicio de acompañamiento y 271 plazas de servicio ocupacional a todas las islas.

 

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La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, presidió el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que informó a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección.

El anteproyecto establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Entre las novedades más importantes se encuentra el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.

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El Consejo de Ministros aprobó, la regulación y composición del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), dando un paso más en su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, así como la voluntad de sumarse activamente a los compromisos internacionales dirigidos a eliminar cualquier forma de discriminación en materia de salud por razones de género.

De esta forma, el Observatorio realizarà, entre otras, las siguientes funciones:

-Promoverá la integración del principio de igualdad en las políticas públicas de salud, especialmente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).

-Obtendrá y difundirá la información para mejorar el conocimiento acerca de las causas y dimensiones de las desigualdades de género en la salud.

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El director general de Planificación y Servicios Sociales del Gobierno, Andreu Horrach, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y la consejera de Bienestar Social de Formentera, Vanessa Parellada asistieron a la colocación de la primera piedra de la residencia para personas mayores en Formentera.

Las obras de esta nueva equipación empezarán esta semana, tienen un plazo de ejecución de 12 meses, y un presupuesto de adjudicación de 2.065.000 €.

La nueva residencia tendrá 18 plazas para personas dependientes, divididas en 14 habitaciones individuales y dos habitaciones dobles.

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