Seguridad alimentária

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, firmó 20 convenios con las asociaciones representantes de 398 empresas alimentarias y de bebidas para reducir el contenido de una media del 10% de azúcar, grasas saturadas y sal.

Se trata del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2020, enmarcado en la Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) de la Agencia Española de Alimentación y Nutrición (AESAN).

España tiene una de las tasas de obesidad más altas de Europa. La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como una pandemia, ha recordado la Ministra.

El objetivo del plan es fomentar la alimentación saludable para ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado en el marco del acto de entrega de los XI Premios NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), la futura implantación en España del Etiquetado Nutricional Frontal, que servirá de referencia de la calidad nutricional de los alimentos y bebidas, siguiendo las recomendaciones de diversas sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

Después de una valoración y estudio de diversos modelos de etiquetado, el Ministerio aplicará el modelo Nutri-Score, también llamado logotipo cinco colores, instaurado en otros países como Francia y Portugal. Este modelo consiste en un gráfico con coloración gradual del verde al rojo en cinco niveles al estilo de un semáforo. Cada producto destacará el color que le corresponda en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los colores verdes identificarán los alimentos más saludables y los rojos, los de menor calidad nutricional 

El Servicio de Salud renueva y actualiza el servicio de alimentación y cocina hospitalaria, el servicio de venta automática y la gestión de las cafeterías del Hospital Universitario Son Llàtzer, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital General, el Hospital Joan March y el Hospital Verge de la Salut, por un valor de 2,3 millones de euros y con una duración de 48 meses, prorrogable.

En el año 2014 se inició un proyecto para la preparación y el traslado de los menús con el sistema de línea fría en dichos hospitales, aunque el Hospital Universitario Son Llàtzer continuó con el sistema tradicional de línea caliente solo para los menús distribuidos en este centro.

El Servicio de Salud se plantea ahora el reto de llevar a cabo el cien por cien de la producción en sistema de línea fría, con el cambio de modelo organizativo y de adaptación de las instalaciones de la cocina que ello supone. La implantación de la línea fría prevé un coste de inversión tanto en maquinaria como en adaptación de las características, de los circuitos, etc. de la cocina actual. Se calcula que cada año se sirven aproximadamente 240.000 menús.

La consejera de Salud, Patricia Gómez, ha presidido el Consejo de Seguridad Alimentaria —órgano de participación en el que se integran representantes de varias administraciones públicas, patronales y colegios profesionales, y asociaciones de consumidores y usuarios— que se ha reunido para tratar de forma participativa y transversal varios asuntos relacionados con la normativa autonómica que se encuentra en fase de tramitación o con la consolidación de la colaboración entre ayuntamientos y Govern y las patronales.

En la reunión, durante la que se ha hecho un repaso de la situación actual en materia de seguridad alimentaria en Balears, Gómez ha aprovechado para resaltar la labor que realizan los profesionales del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública y Participación, y ha destacado el esfuerzo que hace la inmensa mayoría de los empresarios del sector de la alimentación para ofrecer unos servicios y productos de calidad y seguros para los consumidores de las Illes Balears.

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma (CAIB) a personarse como acusación particular, ante el Juzgado de Instrucción n.º 11 de Palma, en las diligencias previas incoadas por la posible comisión de un delito contra la salud pública por parte de una empresa mercantil dedicada a la distribución de productos cárnicos.

La Dirección General de Salud Pública y Participación de la Conselleria de Salud, después de sucesivas visitas de inspección al local de la empresa, comprobó en él presuntas prácticas de congelación faltas de autorización y de registro de actividad, así como de almacenaje, distribución y comercialización de alimentos con fechas de caducidad superada. Por todo ello, se formuló una denuncia ante el mencionado Juzgado.

En el BOE núm. 93, de 17 de abril de 2018, se ha publicado el Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de alimentos para consumo humano, y se modifican otros decretos en materia de ganadería.

En 2003 se estableció que los profesionales que ejercieran actividades relacionadas con la sanidad animal debían facilitar toda la información requerida por la autoridad competente sobre los productos zoosanitarios y los productos para alimentación animal.

En 2011 la Dirección General de Salud Pública dispuso que las autoridades sanitarias, con el objetivo de asegurar la mejor tutela de la salud de la población, podrían requerir a los servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros documentos con fines de información sanitaria.

Así pues, los veterinarios, como profesionales sanitarios, deben proporcionar la información que se prevé en esta norma, respecto a los antibióticos o piensos medicamentosos que prescriban a los animales de producción.

La consejera de Salud, Patricia Gómez, y la directora general de Salud Pública, Maria Ramos, se han reunido con los representantes de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares (ADED). En concreto, con su presidente, Bartolomé Servera; los vicepresidentes, Gerardo Campos y Tomás Jurado, y el vocal de la entidad, Felip Llorens.

Durante el encuentro, celebrado en la Consejería de Salud, los representantes de la entidad han manifestado su preocupación por los delitos contra la salud pública que se atribuyen a determinadas empresas de distribución de alimentos de Mallorca y han compartido con la consellera y la directora general de Salud Pública su deseo de trabajar de forma conjunta para evitar estas prácticas aisladas que perjudican a la imagen de todo el sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de modificación del anterior, correspondiente al año 2009, relativo a los complementos alimenticios, por el que se regulan las sustancias distintas a vitaminas y minerales que pueden contener los complementos alimenticios para mejorar la protección del consumidor.

En este Real Decreto se implanta un listado de otras sustancias que pueden contener los complementos alimenticios con todas las garantías para la salud. Asimismo, se han tenido en cuenta los informes del Comité Científico de la Alimentación Humana y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, entre otros.

También se han establecido las recomendaciones de dosis diarias máximas y en algunos casos advertencias dirigidas al consumidor.

En el BOE núm. 52, de 28 de febrero de 2018, se ha publicado la Orden SSI/194/2018, de 22 de febrero, por la que se modifica la parte II del Anexo del Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprobó la lista positiva de los disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes, en lo que respecta al éter dimetílico.

Con la modificación de este Real Decreto, se incorporan los cambios introducidos por la Directiva de la Comisión Europea 2016/1855, de 19 de octubre de 2016. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha presentado el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020, para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas.

Con este Plan se han comprometido no sólo los sectores de fabricación y distribución, sino también los de restauración social, restauración moderna y venta automatizada.

Además de la cesta de la compra, el Plan abarca también empresas de restauración social, por lo que los menús ofrecidos en los colegios y en otros lugares, como las cafeterías de los hospitales, serán más saludables: aumentarán los platos cocinados a la plancha, las carnes magras frente a otras carnes, se reducirán los productos precocinados o fritos y se ofrecerán más legumbres, pescados, verduras y frutas de temporada.